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2011-2017

En la opinión pública del país, se ha posicionado la idea de que en mi administración la FGE encubrió actos dolosos de funcionarios públicos. Esto no es cierto, porqué los actos de presunta corrupción de los funcionarios públicos se establecen sobre la base de una intervención de la CGE, que, analiza hechos que pueden ser materia de responsabilidad penal. Sin estos informes no puede procederse en forma legal a investigar los hechos que se pueden comentar en medios de comunicación, reuniones sociales, etc.

En este apartado la ciudadanía podrá encontrar una respuesta concreta y documentada de qué ocurrió con los 1078 informes con indicios de responsabilidad penal que llegaron durante mi administración, iniciada en junio de 2011 y concluida en mayo de 2017. También podrán conocer como impulsamos un sistema de registro y seguimiento de cada uno de esos informes a lo largo y ancho de todo el país.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

A CAUSAS CON INFORMES DE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL REMITIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Durante mi administración  se aprobó el plan de seguimiento a las causas represadas con informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado. 

 

Objetivo general: descongestionar las causas relacionadas con dichos informes, que se encontraban en indagación previa e instrucción fiscal desde el año 2007.

 

Antes de la aprobación del referido Plan, la Fiscalía General del Estado no contaba con una información confiable del número de causas iniciadas o a las que se había incorporado un informe de indicios de responsabilidad penal, su estado procesal ni sugeoreferenciación a nivel nacional.

Acciones para llevar a cabo un plan eficiente:

  1. Durante los años 2011 y 2012 solicitamos, recibimos, validamos y consolidamos la información de las causas con informe de indicios de responsabilidad penal remitidos por la Contraloría General del Estado, de las 24 Fiscalías Provinciales. 

  2. De la información reportada a nivel nacional, se consolidó las causas con informe de indicios de responsabilidad penal que se encontraban en la fase preprocesal de la indagación previa o en la etapa de instrucción fiscal por fiscalía provincial, sumando en ese momento 551 causas activas.

  3. Registro de todos los casos con informe de indicios de responsabilidad penal en el sistema informático SIAF, lo que permitiría contar con esa información en tiempo real.

  4. Se dispuso a los fiscales provinciales el registro de todas las causas en el Sistema Informático Integral que habían sido remitidas por la CGE a sus respectivas jurisdicciones, de las cuales la FGE no tenía información ni de su ingreso, ni de su despacho.  

  5. Con la Dirección de Tecnología de la Información se coordinó la asociación de la noticia del delito con el informe de Contraloría, para que el sistema genere reportes automáticos de estas causas.

Con esta instrucción y coordinación, en el 2013 se registraron en el sistema 401 noticias del delito cuyo origen es un informe con indicios de responsabilidad penal desde años anteriores.

 

A partir del año 2013  se implementó el registro de los IRP´s (Informes de Indicios de Responsabilidad Penal) en  la Fiscalía General del Estado en lugar de las Fiscalías Provinciales, desde la referida fecha, todos los informes enviados por la Contraloría General del Estado se registran, y son sorteados a las Fiscalías Especializadas correspondientes, a nivel nacional y de manera aleatoria a través del sistema informático.

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Este sistema de sorteo aleatorio impedía la direccionalidad de los informes y por lo tanto garantizaba la independencia de la investigación, en cuanto a los fiscales que investigarían tales casos, los mismos que estaban bajo el control y seguimiento de su actividad tanto por los fiscales provinciales, como por la Dirección de Gestión Procesal y por la Coordinación Nacional de una funcionaria que en comisión de servicios trabajó en la Fiscalía.

 

Además, no solo se registra en el sistema, los informes con los que se inicia una indagación previa sino también los que son incorporados a una indagación (actualmente investigación previa) ya iniciada. 

También, se adoptaron otras medidas para impulsar el despacho de estas causas:

En las provincias con mayor concentración de casos con indicios de responsabilidad penal: Pichincha, Guayas, Esmeraldas entre otros. 

2013 implementación de la herramienta M2A

Se inició la implementación de un sistema  para las causas con informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado. Con este antecedente se dispuso a los fiscales provinciales el impulso de todas estas causas a través de la herramienta referida y a nivel nacional se capacitó al personal para su uso.

 

En esta herramienta se instauró alertas que verifican el cumplimiento del cronograma establecido, y que reportan el estado de las causas a cargo de cada fiscal, de cada unidad especializada, de cada cantón y de cada provincia a nivel nacional. A esta herramienta se le denominó M2A

Con un sistema de semaforización, que se desagrega en las siguientes categorías:

En febrero de 2015, se implementó en un 100% esta herramienta, como se desprende del gráfico a continuación.

Con el monitoreo de esta herramienta se obtuvo resultados relevantes, mientras en el año 2013, el porcentaje de indagaciones previas versus el porcentaje de casos judicializados era del 75% frente a  25%, para obtener durante el período de aplicación del sistema que,  de un total de mil setecientos ochenta y uno (1781) causas ingresadas ,remitidas durante mi período de gestión por la CGE,  60% (1053) mil cincuenta y tres causas tuvieron una salida procesal y setecientas veinte y ocho causas (728) continuaron en investigación hasta el 27 de abril de 2017, un mes antes de concluir mi administración.

Destacado

Por primera vez en la historia, contamos con 252 sentencias, por casos de corrupción:

Esta información documentada y comprobable demuestra cómo avanzamos en el tratamiento de los informes con indicios de responsabilidad penal procediendo de acuerdo con la ley a presentarlo cuando los méritos de la investigación así lo justificaban ante los jueces del país para que ellos sean los que valoren el resultado de las investigaciones.
 
Es equivocado pensar que “necesariamente” el indicio que envía la Contraloría determina la responsabilidad de las personas, pues si esto fuera así, no se requeriría de la administración de justicia que es la única competente para establecer sobre la base de un debido proceso la responsabilidad o no de una persona a la que la Fiscalía pudo haber imputado uno de los delitos descritos en los informes.